Tu hijo acaba de cumplir 18 años y quizá te preguntas si a partir de ese momento puedes dejar de pagar automáticamente la pensión de alimentos. La respuesta es no.
La mayoría de edad, por sí sola, no extingue la obligación de prestar alimentos. El Código Civil contempla expresamente la posibilidad de mantener esta obligación respecto de los hijos mayores de edad o emancipados que convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios.
Por tanto, cumplir 18 años no significa que la pensión desaparezca automáticamente. Lo relevante será analizar si se mantiene la necesidad de alimentos y si existen las circunstancias que justifican su mantenimiento. Por eso, antes de dejar de pagar una pensión fijada judicialmente, es importante analizar las circunstancias concretas y, cuando corresponda, solicitar la modificación o extinción de la medida.
Cumplir 18 años no extingue la pensión de alimentos
El artículo 93 del Código Civil contempla expresamente que, si en el domicilio familiar conviven hijos mayores de edad o emancipados que no tienen ingresos propios, el juez pueda fijar los alimentos que les correspondan. Por tanto, cumplir 18 años no extingue automáticamente la pensión de alimentos.
Ahora bien, tampoco significa que la pensión deba mantenerse indefinidamente. Su continuidad dependerá de que siga habiendo las circunstancias que justifican la obligación de alimentos, que deberán valorarse atendiendo a las necesidades del hijo y a sus circunstancias económicas.
¿A quién se paga la pensión cuando el hijo ya es mayor de edad?
Cuando el hijo mayor de edad continúa conviviendo con uno de los progenitores y carece de ingresos propios, es lógico pensar que la pensión se le tendría que ingresar al hijo directamente pero no es así. La pensión debe seguir abonándose al progenitor con quien convive, en los términos establecidos judicialmente. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de ese progenitor para reclamar al otro su contribución a los alimentos del hijo mayor.
¿Hasta cuándo hay que pagar la pensión a un hijo mayor de edad?
Hasta que el hijo pueda mantenerse por sí mismo.
No existe una edad concreta a partir de la cual la pensión de alimentos se extinga automáticamente.
El artículo 142 del Código Civil incluye dentro de los alimentos la educación e instrucción, incluso después de alcanzar la mayoría de edad, cuando el hijo no haya terminado su formación por una causa que no le sea imputable. Por eso, que un hijo cumpla 18 años y continúe estudiando no significa que la pensión deba extinguirse automáticamente.
Ahora bien, tampoco basta con acreditar que el hijo está matriculado en unos estudios para que la pensión se mantenga indefinidamente. Deben valorarse las circunstancias concretas del caso, entre ellas el aprovechamiento de los estudios, la duración de la formación, la situación económica del hijo y su actitud ante la posibilidad de acceder al mercado laboral.
Qué se entiende por independencia económica
La independencia económica no se determina simplemente porque el hijo tenga algún ingreso. El artículo 152 del Código Civil establece que la obligación de prestar alimentos puede cesar cuando el hijo pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya mejorado de fortuna, de manera que la pensión ya no resulte necesaria para su subsistencia. Por eso, será necesario analizar la naturaleza y estabilidad de los ingresos, las necesidades del hijo y sus circunstancias concretas. No es lo mismo hacer unas prácticas durante unos meses o tener un trabajo temporal y de ingresos reducidos que disponer de unos ingresos que permitan atender de forma suficiente las propias necesidades.
Que haya un contrato de trabajo tampoco determina, por sí sola, la extinción de la pensión. Lo relevante será comprobar si, en el caso concreto, el hijo ha alcanzado una situación económica que haga innecesaria la prestación de alimentos.
¿Y si el hijo deja de vivir con el progenitor que recibe la pensión? Aquí también es importante distinguir situaciones. El artículo 93 del Código Civil contempla la fijación de alimentos para los hijos mayores de edad o emancipados cuando conviven en el domicilio familiar y carecen de ingresos propios. Así, si un hijo mayor de edad deja de convivir con el progenitor que venía percibiendo la pensión, puede producirse un cambio relevante en la legitimación para reclamarla. El Tribunal Supremo ha señalado que, cuando el hijo mayor deja de convivir con ese progenitor y además es económicamente independiente, el propio hijo es quien queda legitimado para reclamar, en su caso, alimentos frente al progenitor obligado.
Esto no significa que irse de casa extinga automáticamente la obligación de alimentos.
Qué pasa si sigue estudiando
Que el hijo continúe estudiando puede justificar el mantenimiento de la pensión de alimentos después de alcanzar la mayoría de edad, siempre que persista la necesidad y que la formación se desarrolle con un aprovechamiento razonable.
No obstante, la obligación de alimentos no puede convertirse en una prestación indefinida por el simple hecho de que el hijo permanezca matriculado en unos estudios. Los tribunales pueden valorar circunstancias como el rendimiento académico, la duración de la formación, los cambios reiterados de estudios, el abandono injustificado o la falta de una actitud diligente hacia la propia formación y la incorporación al mercado laboral.
La jurisprudencia ha señalado en distintos casos que la obligación de alimentos no puede mantenerse indefinidamente cuando la situación del hijo demuestra que la necesidad de recibirlos deriva de una falta de aprovechamiento o de una actitud poco diligente que le es imputable.
Los casos en los que la pensión se puede extinguir o reducir
El artículo 152 del Código Civil recoge diferentes circunstancias que pueden determinar la extinción de la obligación de prestar alimentos. En el caso de los hijos mayores de edad, algunas de las más relevantes son:
- Que el hijo pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya mejorado su situación económica de manera que los alimentos dejen de ser necesarios.
- Que la situación económica del progenitor obligado al pago haya empeorado de forma relevante, hasta el punto de no poder atender la pensión sin desatender sus propias necesidades y las de su familia. Para valorar esta circunstancia deberán analizarse las circunstancias económicas concretas del caso.
- Que la necesidad del hijo derive de su mala conducta o de su falta de aplicación al trabajo, mientras persista esa situación.
En este último supuesto, no basta con afirmar que el hijo “no hace nada”. Será necesario acreditar las circunstancias que permitan concluir que la situación de necesidad deriva de una conducta que le es imputable: por ejemplo, una falta prolongada e injustificada de formación o de búsqueda de empleo.
Y hay una cuestión importante que conviene diferenciar: una mala relación entre padre e hijo no implica automáticamente la extinción de la pensión de alimentos. La falta de comunicación o el distanciamiento familiar no son, por sí solos, causa suficiente para dejar de pagarla. La jurisprudencia ha analizado en determinados casos la ausencia de relación familiar como posible causa de extinción, pero se trata de supuestos excepcionales en los que deben darse circunstancias concretas y, entre otras cuestiones, valorarse a quién resulta imputable esa ruptura.
¿Y si no procede extinguirla, pero las circunstancias han cambiado?
La extinción no es la única posibilidad. Cuando las circunstancias económicas del hijo o del progenitor obligado al pago han cambiado, puede ser procedente solicitar una modificación de la cuantía de la pensión.
Por ejemplo, si el hijo comienza a obtener ingresos, pero estos todavía no son suficientes para alcanzar su autonomía económica, o si la capacidad económica del progenitor obligado al pago se ha reducido de forma relevante, puede ser necesario valorar si procede una reducción de la pensión en lugar de su extinción.
Por qué no puedes dejar de pagar por tu cuenta
Si la pensión de alimentos está establecida en una resolución judicial o en un convenio regulador aprobado judicialmente, no es recomendable dejar de pagar porque consideres que ya no existen las circunstancias que justificaron su establecimiento. Mientras la resolución siga vigente, el otro progenitor puede solicitar su ejecución judicial y reclamar las cantidades que hayan quedado impagadas más los intereses y, si lo considera, solicitar también medidas como el embargo de cuentas, nómina u otros bienes.
Además, el impago puede tener consecuencias penales. El artículo 227 del Código Penal establece que quien deje de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos una prestación económica a favor de sus hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial puede incurrir en un delito de impago de pensiones.
Si alguna de las partes considera que se debe extinguir o modificar la pensión, habrá que solicitarlo por la vía correspondiente y acreditar el cambio de circunstancias.
Cómo se pide la extinción o la rebaja de la pensión
El cauce habitual es un procedimiento de modificación de medidas. En la demanda habrá que acreditar qué ha cambiado y por qué ese cambio justifica modificar la medida. Por ejemplo, que el hijo haya alcanzado una situación de independencia económica o que se haya producido una alteración relevante en la capacidad económica de alguno de los progenitores.
Y recuerda: mientras la resolución anterior siga vigente, la pensión continúa siendo exigible. Por eso, si crees que ya no procede mantenerla o que debería reducirse, lo recomendable es iniciar cuanto antes el procedimiento de modificación de medidas.
Reune pruebas de la nueva situación
En un procedimiento de modificación de medidas, es fundamental acreditar el cambio de circunstancias que se alega. No basta con afirmar que el hijo ya trabaja, que ha terminado sus estudios o que la situación económica del progenitor ha cambiado: habrá que aportar, en la medida de lo posible, documentación que permita demostrarlo.
Entre la documentación que puede resultar útil se encuentra el informe de vida laboral del hijo, sus contratos de trabajo y nóminas, el certificado de matrícula o documentación sobre sus estudios y, cuando sea relevante para el caso, el certificado de empadronamiento u otros documentos que permitan acreditar con quién convive.
Si lo que se plantea es una reducción de la pensión por un empeoramiento de la situación económica del progenitor obligado al pago, será necesario aportar también la documentación como nóminas, declaración de la renta, certificado de prestaciones, documentación relativa al desempleo u otros justificantes económicos.
Intentar primero el acuerdo
Si ambos progenitores consideran que procede reducir o extinguir la pensión, pueden formalizar ese acuerdo y solicitar su aprobación judicial mediante el correspondiente procedimiento de modificación de medidas de mutuo acuerdo. Esta vía suele ser más sencilla y ágil que un procedimiento contencioso.
Una cuestión importante a tener en cuenta es que un acuerdo verbal o un mensaje de WhatsApp no modifica por sí solo una pensión establecida judicialmente. Aunque puedan servir para acreditar que existió una determinada comunicación o acuerdo entre las partes, mientras la resolución judicial no haya sido modificada, la obligación fijada en ella continúa siendo exigible. Por eso, si ambos progenitores están de acuerdo en que la pensión debe reducirse o extinguirse, lo recomendable es formalizar el acuerdo y solicitar su correspondiente aprobación judicial, en lugar de limitarse a dejar de realizar los pagos.
Presentar la demanda de modificación
Si no existe acuerdo entre los progenitores, será necesario acudir a la vía contenciosa mediante un procedimiento de modificación de medidas, con abogado y procurador. En la demanda se deberán explicar y acreditar las circunstancias que han cambiado y por qué ese cambio justifica la reducción o extinción de la pensión.
Si crees que las circunstancias han cambiado, cuéntanos tu caso y analizamos contigo qué opciones existen. En Enley gestinamos la modificación de medidas por 350€. Y si eres el progenitor al que no se le está abonando la pensión de alimentos, también podemos ayudarte a reclamar las cantidades pendientes interponiendo una demanda en el juzgado si no da resultado la vía amistosa desde 1450€.

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