La gestión de una empresa conlleva enfrentarse a ciclos económicos complejos. En ocasiones, a pesar de los esfuerzos, la liquidez se resiente y cumplir con las obligaciones de pago se convierte en una carrera contrarreloj. En este escenario, el concurso de acreedores no debe verse como un fracaso, sino como un mecanismo legal diseñado para proteger tanto a la empresa viable como a sus acreedores.
Pero ¿cuál es el momento exacto para dar este paso? Y, más importante aún, ¿qué ocurre si se actúa demasiado tarde?
Las señales de alarma: ¿Cuándo se debe instar el concurso?
La ley es clara: una empresa debe solicitar la declaración de concurso cuando se encuentra en estado de insolvencia. Según el Artículo 2. Presupuesto objetivo del Texto Refundido de la Ley Concursal, esta situación puede ser de dos tipos:
- Insolvencia Actual: La empresa no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. No se trata de un bache puntual, sino de una incapacidad estructural para atender pagos a proveedores, salarios, impuestos o cuotas de la Seguridad Social.
- Insolvencia Inminente: La empresa prevé que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Esta es una herramienta preventiva que permite anticiparse al colapso.
La ley también establece una serie de "hechos externos" que presumen la insolvencia, entre los que se incluyen:
- El sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones corrientes.
- La existencia de embargos que afecten de manera general al patrimonio.
- El impago generalizado de deudas tributarias, cuotas de la Seguridad Social o salarios durante tres meses.
- El alzamiento o la liquidación apresurada de bienes por parte del deudor.
Si su empresa se encuentra en alguna de estas situaciones, ha llegado el momento de analizar seriamente la solicitud del concurso. El plazo es crítico, ya que es ahí donde reside la mayor responsabilidad del órgano de administración. El Artículo 5 de la Ley Concursal establece que El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual.
Este plazo de 2 meses no es una recomendación, es un deber legal cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias muy graves.
¿Qué ocurre si se actúa demasiado tarde?
En consecuencia, retrasar la decisión de solicitar el concurso, ya sea por esperar una recuperación improbable o por desconocimiento, es el mayor error que un administrador puede cometer. Las implicaciones son severas:
- Calificación del Concurso como Culpable: Si el concurso se presenta fuera del plazo legal de dos meses, existe una alta probabilidad de que el concurso sea calificado como "culpable".
- Responsabilidad Personal de los Administradores: La consecuencia más directa de un concurso culpable es que los administradores (de derecho o de hecho) pueden ser condenados a cubrir con su patrimonio personal, total o parcialmente, las deudas que la empresa no pueda pagar.
- Inhabilitación para Administrar Bienes Ajenos: Los administradores pueden ser inhabilitados para administrar otras sociedades por un periodo de dos a quince años.
Así que, si tu empresa se encuentra en alguna de las situaciones enumeradas anteriormente, no dudes en contactar con nosotros. Nuestro equipo de especialistas te asesorará sin compromiso y te brindará la mejor de las soluciones adaptada a tu caso concreto.

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